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Apenas en venticuatro horas hemos sabido lo que costó que  Magdalena Álvarez siga con su desastrosa gestión: el BNG consiguió diez millones de euros de todos los españoles y el PNV el apoyo socialista al banco de Ibarretxe. La frivolidad y el oportunismo de Zapatero generan graves problemas a España y a su futuro. Parece que el PSOE apuesta por trocear un país a cambio de participar en el banquete, dando alas a todos los parásitos que hacen delodio a España y los españoles su única política.

Rosa Díez cree que el apoyo del PNV a la incompetente ministra socialista de Fomento, tiene un alto precio para la democracia española: el apoyo socialista al plan de creación de un banco público vasco.

UPyD considera evidente que no existe ninguna justificación, técnica ni económica, para crear un banco público al servicio de un gobierno autonómico, como lo será el previsto para el País Vasco con apoyo del PSOE a cambio del apoyo nacionalista en el Congreso al gobierno de Zapatero.

Los Estados de la zona euro han transferido sus competencias monetarias al BCE, de manera que incluso los históricos bancos emisores nacionales han perdido muchas de sus funciones anteriores. Así pues, la existencia de un banco público vasco carece de toda lógica en el actual sistema financiero europeo y español. Para UPyD su creación sólo tiene una explicación política: reforzar al nacionalismo vasco según las previsiones secesionistas del Plan Ibarretxe, ahora con el apoyo socialista.

Si el Estado permite la creación de este banco público autonómico, todas las comunidades autónomas podrán hacer lo mismo, creándose 17 sistemas bancarios al servicio, en realidad, de los intereses de los partidos en el poder y en detrimento de los intereses ciudadanos. En ese caso asistiremos a un nuevo golpe contra la transparencia de las instituciones democráticas y la cohesión nacional de España

Este nuevo capítulo de la eterna historia de concesiones al nacionalismo contrarias al bien común es otro penoso ejemplo del sobrepeso de los partidos nacionalistas en la política española, en la que, debido al sistema electoral vigente, actúan como árbitros decisivos en todos los conflictos que enfrentan a gobierno y oposición, en prejuicio de cualquier idea de igualdad, interés general y cohesión nacional. Una situación que -según UPyD- reclama abrir un debate sobre la reforma de la Ley Electoral y las competencias constitucionales del Estado y de las Comunidades Autónomas.